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Viernes, 6 de noviembre de 2026 Al minuto

Intenso despliegue policial resguarda el Congreso paraguayo durante el juicio político a Santiago Peña

La Policía Nacional de Paraguay ha establecido un amplio operativo de seguridad frente al Congreso Nacional, en respuesta al inicio de un proceso de destitución, denominado 'impeachment', contra el presidente Santiago Peña. La dimisión del mandatario, anunciada previamente, no fue aceptada por los diputados, quienes la consideran una maniobra para evitar el juicio, dado que Peña quedó aforado como expresidente.

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Ilustración de Hilo Claro.

La Cámara de Senadores ha retomado el proceso contra Peña, cuya renuncia se produce en el contexto de una crisis financiera originada por el colapso de Ueno Bank. Esta entidad, vinculada a antiguos socios comerciales del presidente, fue intervenida por el Banco Central tras una caída en su solvencia por debajo de los mínimos requeridos.

Desde las primeras horas de la mañana, los accesos al Congreso y sus alrededores permanecen bloqueados, bajo un riguroso operativo de seguridad coordinado por el comisario Francisco Ávalos, jefe de Prevención y Seguridad de Asunción.

Estas medidas policiales se implementan tras los enfrentamientos de la víspera, cuando miles de manifestantes se congregaron frente al parlamento tras el colapso de Ueno Bank, exigiendo la destitución de Peña. Las protestas resultaron en la detención de alrededor de diez personas.

El presidente Santiago Peña ha solicitado una ampliación del plazo para presentar su defensa ante el Senado, argumentando que el tiempo inicialmente concedido es insuficiente, considerando el extenso volumen de documentación que acompaña a la acusación.

Santiago Peña fue accionista de Ueno Holding, la empresa matriz de Ueno Bank, hasta marzo de 2025. Durante su gestión presidencial, la entidad financiera privada recibió importantes recursos provenientes de fondos públicos, lo que ha generado controversia.

El Banco Central anunció el martes un procedimiento de disolución para Ueno Bank, tras determinar que su índice de solvencia se encontraba por debajo de la mitad del mínimo exigido.

La oposición ha acusado a Peña de conflictos de interés, de permitir el uso indebido de fondos de pensiones y de encubrir irregularidades financieras.

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