Tribunal Supremo obliga al Estado a indemnizar a autónomos por pérdidas derivadas de impuestos sobre carburantes

La decisión judicial se centra en el precio de los carburantes y el sobrecoste asociado, derivado de reclamaciones autonómicas presentadas entre 2013 y 2018. Durante ese periodo, la gasolina y el diésel incluían un impuesto variable según la comunidad autónoma, el cual fue considerado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2024 como una vulneración de la normativa europea.

Aunque la Administración ha rechazado previamente estas reclamaciones alegando la expiración de los plazos, la sentencia del Tribunal Supremo exige una nueva revisión para determinar qué derechos fueron vulnerados y qué normativas afectaron a los autónomos, contraviniendo las leyes europeas.

El Tribunal Supremo considera que cada reclamante debe demostrar tanto el daño sufrido como el importe que el Estado debe devolver. Para ello, los afectados, ya sean transportistas, comerciales o agricultores, deben presentar facturas y justificantes que acrediten el impacto económico negativo.

La legislación española ha dificultado tradicionalmente la reclamación al Estado por daños y pérdidas contrarios a la normativa de la UE. La Comisión Europea ha señalado que España complica la compensación por infracciones del Derecho europeo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) advierte que España podría enfrentarse a sanciones económicas si no se concede la protección e indemnización correspondiente a los ciudadanos o empresas que justifiquen el perjuicio.

El TJUE ha reiterado que las medidas adoptadas hasta ahora son insuficientes y ha señalado que ciertas normas y prácticas de la legislación española son contrarias al Derecho de la Unión Europea. Esto incluye el uso de contratos temporales, especialmente los denominados «fijo-discontinuos», por parte de las administraciones públicas, lo que se considera perjudicial para los trabajadores interinos.

España se encuentra entre los países con mayor incumplimiento de la normativa europea, liderando las estadísticas de incumplimiento de la UE. Con más de noventa casos, su déficit de transposición de directivas supera la media europea, por delante de países como Bulgaria, Italia o Polonia, especialmente en áreas como derechos laborales, medio ambiente, mercado único y fiscalidad.