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Inquilinos demandan a Barcelona por falta de vivienda protegida en rehabilitación

Barcelona, 7 de noviembre (EFE).- El Sindicat de Llogateres ha interpuesto una demanda contra el Ayuntamiento de Barcelona, alegando la inacción municipal en la exigencia de vivienda protegida en un proyecto de rehabilitación. La demanda también cuestiona el silencio administrativo del consistorio ante las consultas realizadas sobre dicha promoción de viviendas.

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Ilustración de Hilo Claro.

La organización sindical anunció la presentación de la denuncia en una rueda de prensa celebrada en el distrito del Eixample. Según el Sindicat, el Ayuntamiento no ha tomado medidas frente a las obras de rehabilitación que se llevan a cabo en el número 538 de la calle Consell de Cent, donde una inspección municipal determinó que se trataba de una «gran rehabilitación» que debería haber generado ocho viviendas protegidas.

Las obras están siendo ejecutadas por Vandor Real Estate SOCIMI, quien, según el Sindicat, ya ha reformado 15 de las 28 viviendas del edificio. En 2023, la empresa reformó 13 viviendas, presentando únicamente comunicaciones menores. Para 2026, se repitió el mismo procedimiento con dos trámites adicionales para la renovación de baños, cocinas y suelos en otros dos pisos.

La normativa municipal establece que las grandes rehabilitaciones deben destinar el treinta por ciento de las viviendas a vivienda protegida, lo que en este caso implicaría la creación de ocho apartamentos con esa condición. El recurso presentado por el Sindicat busca que el juzgado ordene al Ayuntamiento la entrega de todos los expedientes relacionados con la obra.

La organización también denunció la situación de Elizabeth, una inquilina que reside en el edificio desde hace 28 años junto a su familia. Vandor no ha renovado su contrato de alquiler y ha iniciado un proceso de desahucio, actualmente suspendido. «Si se aplicase el 30 por ciento, Elizabeth podría quedarse en casa», afirmó el Sindicat.

El Ayuntamiento aún no ha respondido a la consulta que inquilinos y la propia organización presentaron el 13 de marzo al Distrito del Eixample. El plazo legal para responder expiró el 15 de junio.

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