Ministerio de Vivienda Establece Rigurosos controles para el plan Estatal de Vivienda
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha formalizado una nueva orden, publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que detalla los mecanismos de seguimiento y control del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Esta normativa impone a las comunidades autónomas, así como a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, la obligación de proporcionar datos económicos y de gestión de forma continua a través de sistemas informáticos compartidos.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, firmó la orden, que ha sido aprobada con el respaldo del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. El objetivo principal es asegurar la correcta aplicación de los fondos públicos destinados a las tres áreas prioritarias del plan: aumentar la oferta de vivienda social y asequible, impulsar la rehabilitación y renovación urbana y rural, y facilitar el acceso a la vivienda para los jóvenes.
La comunicación de datos entre las administraciones se realizará de manera automatizada, utilizando la Red SARA y cumpliendo con los estándares de seguridad e interoperabilidad. Las comunidades autónomas deberán presentar informes mensuales completos dentro de los primeros cinco días de cada mes siguiente, así como notificar inmediatamente cualquier cambio significativo en la gestión de las ayudas, incluyendo pagos, modificaciones o el cumplimiento de objetivos.
Para facilitar la transición, el Ministerio ofrecerá herramientas alternativas hasta el 1 de junio de 2027 en caso de dificultades técnicas. Además, se ha creado un Centro de Atención a la Integración y Soporte para brindar asistencia técnica y resolver incidencias.
Además de los informes mensuales, las comunidades autónomas deberán elaborar informes trimestrales de avance y un informe anual de evaluación antes del 31 de enero de cada año. Estos informes incluirán un análisis detallado de la ejecución del plan, las metas alcanzadas y las medidas correctivas implementadas. La información recopilada también será utilizada por el Consejo Asesor de Vivienda para mejorar el programa y la Dirección General de Planificación y Evaluación la difundirá públicamente para rendir cuentas a la ciudadanía.
Para reforzar el control, se exige a los órganos gestores de las comunidades autónomas emitir certificaciones específicas para cada actuación financiada, garantizando la permanencia indefinida del régimen de protección de la vivienda y la transparencia en los procesos de adjudicación.
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