Gobierno central Intensifica el control sobre la Vivienda con Nueva obligación para las comunidades autónomas

Para garantizar esta supervisión, se han establecido dos vías telemáticas obligatorias para la comunicación de datos económicos y de gestión. La primera, denominada «transmisión por actualización por evento», exige que las autonomías notifiquen de inmediato al Ministerio cualquier cambio relevante, como la concesión, modificación o revocación de subvenciones, transferencias de pagos o el registro del progreso en obras.

La segunda vía es la «transmisión mensual», que requiere la presentación de un informe exhaustivo con todos los indicadores dentro de los cinco primeros días naturales de cada mes.

Toda esta información se centralizará en un «cuadro de mando integral único» gestionado directamente por el Gobierno Central. Un aspecto crucial es la obligación de que los responsables de cada proyecto financiado firmen certificaciones oficiales, garantizando que las viviendas de protección oficial mantengan su estatus indefinidamente y que su entrega se realice a través del registro público de demandantes o concursos públicos.

Además, las comunidades deberán entregar informes trimestrales de avance y un informe anual de evaluación, incluyendo una auditoría detallada de las inspecciones de subvenciones. Estos informes servirán de base para las propuestas de mejora del Consejo Asesor de Vivienda y permitirán a la Dirección General de Planificación y Evaluación publicar datos agregados para informar a la ciudadanía.

El intercambio de datos se realizará de forma telemática, preferentemente a través de la Red SARA. Para mitigar posibles problemas técnicos durante la integración de los sistemas informáticos, se permite el uso de «herramientas alternativas» hasta el 1 de junio de 2027. El Ministerio ha creado un Centro de Atención a la Integración y Soporte para resolver incidencias técnicas y gestionar las credenciales necesarias.