Posible Destino penitenciario de Inés Gómez Mont al Regresar a México

Estas órdenes están relacionadas con presunta defraudación fiscal por más de 13 millones de pesos y delincuencia organizada, así como operaciones con recursos de origen ilícito. Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, están acusados de participar en un esquema de triangulación a través de empresas fachada, involucrando 2,450 millones de pesos.

La legislación mexicana impide que Gómez Mont sea trasladada a una prisión local, como el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México. La Ley Nacional de Ejecución Penal exige que los casos federales de alta seguridad se manejen en un Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso).

El Cefereso Número 16 CPS Femenil Morelos, en Coatlán del Río, es la única prisión federal para mujeres en México. Alberga a más de 1,175 internas, aunque su capacidad está diseñada para más de 2,500. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha documentado que aproximadamente el 40 % de las internas en este complejo permanecen bajo prisión preventiva sin una sentencia definitiva.

La acusación de la FGR está vinculada a contratos relacionados con el sistema penitenciario. La investigación revela que los fondos desviados se canalizaron a través de convenios asignados por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), que supervisa los centros federales, incluyendo el Cefereso 16. Estos contratos simulaban servicios de seguridad e infraestructura carcelaria durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Las sanciones por delincuencia organizada y lavado de dinero podrían alcanzar hasta 60 años de prisión, según el Código Penal Federal. Mientras tanto, Gómez Mont mantiene el derecho a la presunción de inocencia.

Actualmente, Gómez Mont se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Florida desde el 30 de octubre de 2026. Un juez federal de Florida rechazó una solicitud de habeas corpus presentada por su defensa. Si la corte migratoria niega la posibilidad de una fianza, será deportada inmediatamente. Al llegar a México, agentes de la Policía Federal Ministerial ejecutarán las órdenes de aprehensión y, tras un examen médico, será presentada ante un juez federal en Almoloya de Juárez, quien determinará su ingreso al penal de Morelos. La decisión final sobre su situación migratoria en Florida determinará el desenlace de este caso.