Cámara de Apelación revierte fallo: profesionales y sanatorio deberán pagar casi $50 millones por mala praxis en cirugía nasal

El demandante, quien tenía 19 años en el momento de la cirugía, buscaba mejorar la apariencia de su nariz y tratar problemas respiratorios preexistentes, incluyendo desviación del tabique, dificultades para respirar y alteraciones en el sentido del gusto y el olfato. Tras una consulta inicial, se planificó una rinoplastia estética y funcional bajo anestesia general.

La operación se llevó a cabo en un sanatorio de Morón. La demanda alegó demoras previas a la cirugía y una pronta salida del paciente, así como la inasistencia a una consulta postoperatoria programada. Posteriormente, otro médico removió los tapones, realizó curaciones y prescribió medicamentos, tras lo cual el paciente experimentó dificultades respiratorias, sequedad y disconformidad con el resultado estético.

Durante una consulta posterior, se le informó al paciente que la extracción de espolones óseos había sido insuficiente. La revisión provocó dolor y sangrado, y se le sugirió una nueva intervención para corregir la obstrucción respiratoria. Estudios posteriores realizados por otros especialistas confirmaron la necesidad de una nueva cirugía.

Inicialmente, la demanda solicitó $15.276.000 por incapacidad, daño estético, moral, psicológico, tratamiento y futuros gastos médicos. El demandante argumentó que la cirugía no mejoró su condición y, por el contrario, generó una deformación nasal, problemas respiratorios e irritación recurrente en la garganta. También se responsabilizó al sanatorio por proporcionar el quirófano y obtener beneficios económicos.

En primera instancia, un juez de Morón rechazó la demanda, basándose en una pericia médica que no encontró una conexión directa entre la cirugía y las secuelas denunciadas. El juez consideró que las alteraciones podían tener otras causas y que no se había probado el daño reclamado.

La Cámara de Apelación, al revisar el caso, consideró que el análisis de la prueba había sido incompleto. Señalaron que la posibilidad de corregir una lesión con una operación posterior no elimina el daño inicial, sino que puede influir en la cuantificación de la indemnización. Además, cuestionaron la falta de consideración de un informe psicológico que diagnosticó un trastorno adaptativo crónico con ansiedad y depresión, asignando una incapacidad psicológica del 15 %.

La resolución también criticó la falta de información clara sobre los riesgos y posibles complicaciones en los consentimientos informados firmados por el paciente. La Cámara enfatizó que los profesionales tenían la obligación de explicar de forma comprensible los beneficios, riesgos, alternativas y posibles consecuencias del procedimiento.

Se identificaron irregularidades en la historia clínica, incluyendo información ilegible y falta de registros de controles posteriores. La Cámara sostuvo que el sanatorio es responsable por el servicio brindado, incluso si los médicos fueron elegidos de forma particular, asumiendo un deber de seguridad frente al paciente.

La sentencia establece una indemnización de $30 millones por incapacidad psicofísica, $1,8 millones para tratamiento psicológico y $18 millones por daño extrapatrimonial, además de una tasa de interés anual desde la fecha del hecho hasta el dictado de la sentencia.