Fundación Avanza Aboga por una Nueva Estrategia Integral para el Acceso a la vivienda en España

El documento destaca la urgencia de abordar la actual crisis habitacional, que impacta directamente en la emancipación juvenil, la movilidad social y la calidad de vida de los hogares.

Según Berna León, director general de la Fundación Avanza, es crucial una visión a largo plazo y la protección de los inquilinos frente a la especulación. El informe critica tanto las políticas de corto plazo como la creencia de que la construcción por sí sola es suficiente para controlar los precios, recordando el experimento fallido de principios de los 2000, cuando España construyó un volumen de viviendas superior al de otros países europeos sin lograr contener los precios.

Meritxell Batet, presidenta de la Fundación Avanza, enfatizó la necesidad de medidas ambiciosas para garantizar el derecho a la vivienda, afirmando: «para garantizar el derecho a la vivienda debemos aprobar medidas ambiciosas en diversos ámbitos: lo que construyamos hoy será la ciudad del próximo siglo».

La propuesta central del informe se articula en torno a la ampliación del parque de vivienda asequible, el refuerzo de la protección a las familias, una financiación estable, una reforma fiscal y una planificación urbana estratégica que integre vivienda, transporte, empleo y servicios.

Mikel Berra Sandín, 'fellow' de la Fundación Avanza, arquitecto y urbanista, subraya la importancia de construir de manera consciente: «Necesitamos construir más, pero es importante decidir qué construimos: tenemos que construir para vivir».

El estudio revela que en julio de 2026, el 43 % de la población consideraba la vivienda como el principal problema del país, un contraste significativo con el 2,4 % registrado en 2019. La tasa de emancipación de jóvenes entre 18 y 34 años se situó en 2025 en el 31,3 %, 17 puntos porcentuales por debajo de 2010.

Para estabilizar el mercado, el informe propone contratos de alquiler de duración indefinida, transparencia de precios, y la recuperación de la obligación de fianzas en Andalucía, medida suspendida en enero de 2026. También se sugiere la creación de un registro obligatorio de contratos de alquiler para obtener datos fiables sobre el mercado, ya que los precios publicados en portales inmobiliarios pueden ser hasta un 30 % superiores a la realidad.