Juez Archiva Investigación a Zapatero por las joyas, Descartando malversación

La Fiscalía se basaba en la interpretación de que los bienes destinados al patrimonio público deben integrarse en él, incluso sin su ingreso formal, y que la apropiación de estos bienes con ánimo de lucro constituye malversación.

El juez Calama argumenta que la interpretación de la Fiscalía es una construcción posterior a los hechos, ya que en 2007 no existía ninguna disposición legal que obligara a los altos cargos a incorporar automáticamente los regalos al patrimonio de la Administración. La ley que establece esta obligación, la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, se promulgó posteriormente. Calama considera que el Código de Buen Gobierno de 2005 tenía una naturaleza ética y de autorregulación, pero carecía de valor normativo suficiente para determinar la titularidad pública de bienes.

El juez explica que, para que se considere malversación, los bienes deben tener una vocación pública previa y jurídicamente exigible. En el caso de las joyas, no existía tal expectativa, sino una interpretación posterior y una normativa posterior a los hechos. Calama advierte que acoger la tesis de la Fiscalía implicaría sancionar una conducta con una interpretación imprevisible del tipo penal, extendiendo la noción de patrimonio público a un supuesto no contemplado por el legislador.

El magistrado concluye que, aunque la apropiación de las joyas pueda generar cuestionamientos éticos o políticos, no constituyen patrimonio público al no existir una norma legal que determinara su incorporación automática al patrimonio estatal. Por lo tanto, rechaza la imputación solicitada por la Fiscalía. Además, el juez ha acordado paralizar los procedimientos de inspección de la Agencia Tributaria relacionados con Rodríguez Zapatero, su esposa, sus hijas, el investigado Julio Martínez y varias sociedades vinculadas a ellos.